Desde el pasado 1 de enero de 2013, se
puso en vigor una legislación relacionada con el pago de deuda de empresas y
administraciones públicas, correspondiendo a estos el pago de sus facturas a 60
y 30 días respectivamente. Según los datos reflejados en la estadísticas, estos
plazos actualmente no se cumplen, llegando a realizarse pagos a 155 días de las
AA.PP. y a 85 días por parte del sector privado, incumpliendo de forma clara
los límites que se exigen desde Bruselas.
El Ministerio de Hacienda ha elaborado
un mecanismo para reducir este problema. Por un lado se les obligará a las
administraciones públicas a pagar en el plazo de 60 días y en caso contrario
Hacienda reembolsará el dinero y lo detraerá posteriormente. Y por el lado de
las empresas se está elaborando un plan sancionador en la Ley de la Morosidad,
en las que se incluyen sanciones hasta el cierre temporal de la actividad de
negocio.
Sin embargo, toda ley tiene su “letra
pequeña” o disposiciones que pueden variar la ley dentro de un margen legal, y
en este caso la disposición tercera dice: “se podrán ampliar los plazos
máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el
crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el
cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido”. Lo que esta norma
viene a decir es que la empresa que tenga una deuda podrá prorrogar el pago a
más de 60 días siempre que la otra firma la cobre a 30 días. Esta nueva
modalidad tiene su parecido con el factoring o el confirming bancario, en el
cual la empresa cobra en plazo la deuda y el deudor va ganando tiempo para
hacer frente el pago, teniendo en cuenta que el coste financiero lo asume el
acreedor.
La morosidad sigue
siendo uno de los principales problemas de la economía española. Se calcula que
los impagos han dejado a medio millón de compañías por el camino durante los 6
últimos años. Según una encuesta realizada por el INE a una muestra de
empresarios, entre los aspectos que más impactan de forma negativa en los
negocios son: el entorno macroeconómico (58,9%), la morosidad en segunda
posición (53,7%), la regulación económica (51,6%) y la demanda de productos
(49,8%).
Fuente: Cincodías.com
Fuente: Cincodías.com
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